Aunque resulte una obviedad, a veces es preciso recordar que el sector audiovisual es un sector productivo. Sus empresas lo son en la plena extensión del término. Detrás de ellas hay personas que arriesgan, que invierten, que innovan, que desarrollan productos y los comercializan.

Junto al sector o frente a él en algunos casos, se encuentran las administraciones públicas. Sus decisiones y sus indecisiones, inciden directamente en la marcha del sector, con carácter general en toda España y, descendiendo por la estructura del paí­s, en la realidad propia de cada Comunidad Autónoma.

Así­ pues, no bastan directivas comunitarias, ni leyes generales. Hay que estar a la disposición local. Tampoco vale como punto de partida la consideración que el sector audiovisual pueda tener en el contexto europeo. Los poderes locales, nuevamente, son los que al final propiciarón que en un determinado territorio las empresas crezcan, se consoliden, evolucionen… o que por el contrario se produzca una involución cercana a la desaparición de la escena productiva.

Ojo, también hay riesgos mayores. Acabamos de salvar con éxito uno de ellos, que no es menor, como la intención manifiesta de Estados Unidos -cuyo segundo producto más exportado es el audiovisual- de introducir dentro del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, que se está negociando, el fin de la llamada “excepción cultural” que permite a los países comunitarios limitar la importación de bienes culturales, como pelí­culas, por ejemplo.

La excepción cultural es una medida proteccionista que chocará contra las mentes más liberales. Pero es una medida necesaria, porque el sector audiovisual sirve también para afianzar las raíces culturales de los distintos pueblos y regiones. El sector audiovisual se inserta en la sociedad y debe beber de sus fuentes, no de aguas extrañas que, al final, acaban sirviendo también a intereses espurios.

Estamos, por tanto, adivinando ya el papel que, en clara correspondencia, deben cumplir los medios locales, en su misión vocacional y real de formar e informar a los ciudadanos, además de procurarles entretenimiento.

Dentro de los medios locales, hay que detenerse en los medios públicos. El pecado de muchas televisiones autonómicas, en su dimensión, en su gestión, en su politización… ha llevado a no pocas voces a propugnar la desaparición de estos medios. Lo hacen ahora, por cierto, en un contexto de crisis, porque muchas de estas voces, que participan airosamente en tertulias de opinión de cadenas privadas nacionales, lo hicieron antes con la misma vehemencia y sin ningún pudor en las televisiones autonómicas, sin que entonces parecieran dolerle los recursos que, en forma de soldada, recibí­an de las mismas.

Si un servicio público funciona mal, lo que hay que hacer es corregirlo, pero no eliminarlo. Imaginemos que nuestros hijos recibieran en sus colegios libros de texto con carga ideológica o catequesis obligatoria de la religión que fuere. Como padres protestaríamos y pediríamos que eso se cambiara. Pero no creo que a nadie se le ocurriera decir que lo que hay que hacer es acabar con la enseñanza pública.

Entendiendo, por tanto, que los medios públicos son necesarios, de lo que se trata es de conferir la mayor eficiencia a los mismos. Esto se logra tanto por la ví­a de la gestión, sea ésta pública o indirecta, como también por la atención que una televisión pública debe prestar al sector audiovisual local, al que debe favorecer en la medida de lo posible, siempre dentro de unas exigencias claras de calidad técnica y laboral.

El Mandato Marco de RTRM aprobado en la Asamblea Regional de Murcia va en esa dirección. De ello nos congratulamos en la Asociación de Empresarios de Producción Audiovisual (APROMUR) por cuanto esta norma ofrece un camino, distinto y distante, de la primera etapa de funcionamiento de 7RM.

A través de este mandato se garantiza que al menos una cuarta parte de los recursos públicos destinados a la televisión autonómica, tendrá como destino la producción independiente realizada por empresas murcianas.

Sin entrar en otras consideraciones, sólo esta cifra permitirá la creación de nuevas empresas y el crecimiento de las actuales, con una generación estimada de 200 puestos de trabajo, habida cuenta de que la producción independiente no quiere decir tener a 7RM como único cliente, sino abrir la comercialización a otras cadenas, con una tasa de retorno, por tanto, sensiblemente mayor. En suma, un efecto multiplicador necesario para afrontar una nueva y confiamos definitiva etapa de crecimiento.

Desde APROMUR hemos comprometido, además, conceder prioridad a los profesionales de la Región de Murcia en los procesos de selección de personal, contando para ello con el Colegio Oficial de Periodistas y con la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión.

Lo que resta, y en ello estamos, es solicitar al Gobierno de la Región de Murcia que siga adelante, dentro de los plazos previstos, aprobando de manera inminente el Contrato Programa de RTRM para los próximos tres años y licitando el concurso para adjudicar el servicio público de televisión mediante gestión indirecta. De cumplirse estos plazos, antes de que finalice el año estaremos, por fin, en un escenario de creación de empleo y crecimiento. Lo deseamos, lo esperamos y lo requerimos.

Enrique Ortuño Navarro

PRESIDENTE DE APROMUR